Nueva ofensiva legislativa: la oposición pide un 21,2% de suba y cláusula gatillo por ley
El bloque Frente Chaqueño busca blindar el salario docente con actualizaciones trimestrales automáticas por IPC NEA desde 2026. El Gobierno provincial rechazó la iniciativa calificándola de «inconstitucional» y de ser un «cheque sin fondos».
El conflicto por los salarios públicos en Chaco se traslada ahora al recinto legislativo. El interbloque opositor Frente Chaqueño ingresó un proyecto de ley que busca dos objetivos centrales: recomponer los haberes perdidos en 2025 y establecer un mecanismo de indexación permanente que el Ejecutivo no pueda eludir.
Los tres puntos clave del proyecto
- Recomposición inmediata: Un aumento del 21,2% remunerativo y bonificable para docentes activos y jubilados, para compensar la falta de actualización en tres trimestres de 2025.
- Cláusula Gatillo por Ley: A partir del 1 de enero de 2026, los sueldos deberán actualizarse de forma trimestral, obligatoria e indelegable según la inflación (IPC) de la región NEA.
- No sustituye paritarias: El texto aclara que la actualización por inflación es un «piso» de protección y no impide que se negocien otros aumentos adicionales.
«El objetivo no es un beneficio extraordinario, sino preservar el poder adquisitivo asegurando previsibilidad y dignidad salarial», sostuvieron los diputados firmantes, entre los que se encuentran Santiago Pérez Pons, Rubén Guillón y María Pía Chiacchio Cavana.
La respuesta del Ejecutivo: «Oportunismo político»
La reacción del Gobierno no se hizo esperar. El ministro de Hacienda, Alejandro Abraam, fue tajante al señalar que el proyecto es inviable financieramente. «El presupuesto aprobado por esos mismos diputados no incluyó ese 21,2%. Toda ley que autoriza un gasto debe indicar de dónde salen los fondos», afirmó.
Abraam defendió la gestión actual asegurando que entre 2024 y 2025 los salarios docentes le ganaron a la inflación por un amplio margen (262% de aumento frente a un 186,4% de inflación) y acusó a la gestión anterior de no haber aplicado la cláusula de forma sistemática.
Desde el bloque opositor, Pérez Pons retrucó los argumentos de Hacienda: «No discutimos un cheque sin fondos, discutimos quién paga el ajuste». Según el exministro, el presupuesto 2026 prevé una inflación del 10,1%, mientras que las consultoras privadas la estiman por encima del 22%, lo que implicaría una nueva licuación de los sueldos si no se aplica el mecanismo de actualización automática.
Un escenario judicializado
La movida legislativa llega en un momento crítico. Tras un fallo judicial que ordenaba restablecer la cláusula gatillo, la Procuración General dictaminó recientemente que dicha sentencia debería anularse, argumentando que la fijación de salarios es facultad exclusiva del Poder Legislativo mediante leyes formales.
Precisamente, este proyecto de ley busca cubrir ese vacío legal: si la justicia dice que para que haya cláusula gatillo debe haber una ley, la oposición ahora pone esa ley sobre la mesa.
